Como miembro de la Convención Internacional sobre los Derechos de la Personas con Discapacidad, ¿cuál es el ritmo de las reformas legislativas y su adecuación a la Convención?

 

Demasiado lento. Hemos conseguido algunos logros como el derecho al voto, la modificación del Código Penal de la esterilización forzosa, su capacidad jurídica… Pero en otros aspectos, como materia educativa, laboral y de accesibilidad, nos queda un largo trayecto. La empleabilidad de las personas con discapacidad está en condiciones de desigualdad claramente con relación al resto de la población y tenemos el mismo futuro prometedor, si se nos permite. Por tanto, tenemos que lograr que esa Convención penetre, porque no sirve solo ratificarla, hay que cumplirla.

 

¿Existe desconocimiento por parte de la Administración de Justicia en materia de discapacidad?

 

Tiene que calar aún más el conocimiento de las políticas y normativas de discapacidad en  todos los operadores que participamos de la Administración de Justicia. Como personas, nuestro derecho fundamental a la plena inclusión se encuentra cercenado o somos discriminados ante situaciones concretas. Eso es lo más grave de todo, cuando se produce una discriminación por motivo de discapacidad con conocimiento y a sabiendas.

 

¿Qué mejoras hay que adoptar en las sedes judiciales?

 

Tiene que mejorar el trato que la Administración de Justicia tiene hacia las personas con discapacidad, como justiciables y personas que demandan justicia. Y por otro lado, también debe evolucionar el trato para que los profesionales jurídicos con discapacidad puedan trabajar. En relación a la discapacidad auditiva, debería haber un bucle magnético u otro tipo de apoyo para seguir adecuadamente las sesiones. Es verdad que los juzgados y tribunales están haciendo un esfuerzo de modernización en el ámbito tecnológico, pero es necesaria la adaptación también en el ámbito físico y para todo tipo de discapacidad, como las orientaciones en los espacios para las personas con discapacidad visual, extender los autos fáciles en todos los procedimientos para que las personas con discapacidad intelectual comprendan todas las comunicaciones. En ocasiones, las sentencias solo parecen comprensibles para los que tenemos conocimiento en materia jurídica. Hay que seguir insistiendo y avanzando en ello. La población sin discapacidad también lo necesita.

 

Como miembro del Comité de Expertos del Observatorio de Justicia Gratuita, ¿qué balance hace del Turno de Oficio especializado en discapacidad desde su creación?

 

Todavía no es suficientemente conocido por la población con discapacidad y sus familias. Deben trasladarse a la sociedad datos más potentes para conseguir que esa justicia gratuita llegue a todas las personas que estamos en situación de discapacidad. Para ello, es fundamental que cada Colegio de Abogados trabaje de una forma muy intensa.

 

¿Cuáles son los siguientes retos que se propone en la inclusión de las personas con discapacidad?

 

Me gustaría ver un país en el que las personas con discapacidad sean verdaderamente incluidas, en el que la diversidad sea contemplada como un valor y no como un problema. Que se nos valore por nuestras habilidades y no se pongan de manifiesto nuestras dificultades. Es fundamental haber conseguido la educación para niños y jóvenes con discapacidad. Pero luego debe tener un reflejo en el resto de la sociedad. Que los niños y niñas puedan conocer, comprender y empatizar de forma cotidiana que hay personas distintas. Si el trato entre iguales y desiguales fluye de una manera adecuada, se producirán en menor medida las discriminaciones.

 

Fuente: Abogacía Española